25 Mar NO OLVIDAMOS LOS ABUSOS POLICIALES
ACERCA DE LA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA COMANDANTA[1] DE LA POLICÍA NACIONAL
Por: María José Machado
La popularidad de Lenin Moreno está en su punto más bajo. A las puertas de la segunda vuelta electoral y a pocas semanas del cambio de mando presidencial, varios hechos han oscurecido la legitimidad del gobierno, de por sí cuestionada. Hace poco salió a la luz el informe de la Comisión especial para la verdad y la justicia respecto de los graves hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019. Este informe, entre otras cosas, concluye que:
Durante los días del paro nacional de octubre de 2019, la CEVJ registró que se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía Nacional contra la población civil. La CEVJ concluye que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. […] Respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos, la CEVJ analizó casos que tienen relación con los siguientes descriptores: violaciones al derecho a la integridad personal 123, violaciones al derecho a la libertad personal 38, ejecuciones extrajudiciales 6, atentados contra el derecho a la vida 22, violencia sexual 3, lesiones oculares 20. Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política. Algunas víctimas pudieron haber sufrido más de una vulneración.[2]
La salida del anterior comandante de policía del Ecuador, Patricio Carrillo, ocurre un mes después de la peor crisis carcelaria de todos los tiempos, con al menos 79 víctimas mortales en varios centros de rehabilitación del país. En su lugar, el 22 de marzo de 2021, Lenin Moreno nombra a Tannya Varela como la primera Comandanta de la Policía Nacional, un hecho histórico. Varela ingresó a los 20 años en la policía, en 1987, y tiene una trayectoria amplia en el Grupo de Tránsito de Pichincha, el servicio urbano de Ibarra y Galápagos. Estuvo radicada en Guayaquil donde pasó por varios cargos y en 2014 comandó la zona 8, una de las más conflictivas del país. En 2020, además, fue la primera mujer en ser designada Subcomandante General de la Policía.[3]
Sin duda esta designación da cuenta de los méritos de una mujer pionera y de la lenta pero progresiva inserción de las mujeres en espacios no tradicionales para cuyo ingreso y permanencia experimentan obstáculos que no se presentan a los varones y formas directas e indirectas de discriminación. Sin dejar de reconocer el valor del trabajo de la comandanta y la importancia simbólica de la participación política de las mujeres, que ha costado siglos de lucha al movimiento feminista, es importante hacer algunas reflexiones y matices de la mano de los estudios sobre las mujeres y la crítica feminista, sobre el significado político de esta designación.
Los feminismos, especialmente el de la diferencia y el antimilitarista, cuestionan a la policía y a los ejércitos como instituciones patriarcales, coloniales, clasistas y racistas y dudan del potencial transformador de estas estructuras a partir de la presencia de mujeres en sus filas y jerarquías, pues se corre el riesgo de la asimilación y la reproducción de las mismas prácticas represoras por parte de y hacia las mujeres. Los estudios feministas ponen en evidencia las políticas de respuesta violenta a los conflictos que son el modus operandi de la fuerza pública en América Latina y el Ecuador. La violencia policial documentada y denunciada no solo en el marco de crímenes de lesa humanidad sino en la persecución de delitos comunes vulnera los derechos humanos y también los derechos de las mujeres diariamente. El feminismo es una apuesta por los derechos humanos en general y por los derechos de las mujeres en particular. Por tanto, es un movimiento social y político y un corpus teórico pacifista, cuyos métodos de lucha, los más radicales, inclusive, nunca han sido violentos contra las personas.
La policía y el ejército son espacios tradicionalmente masculinizados donde se premian valores como el don de mando, la lealtad, la disciplina y la fuerza, cualidades que son concebidas como masculinas, mientras a las mujeres históricamente se nos atribuye irracionalidad y debilidad, aspectos que son rechazados en estas instituciones. De hecho, en su origen, tanto la policía como el ejército se diseñaron para proteger a la población “vulnerable”: mujeres y niños. Por ese motivo, se entendía que las mujeres eran destinatarias de esa protección, pero no sujetas activas del servicio policial o militar. La estructura jerárquica de las fuerzas del orden es vertical, controladora y disciplinaria y socialmente se nos han inoculado esos valores hasta sentir la vigilancia y el castigo como necesidades individuales y comunitarias, y sacrificar nuestras libertades para obtener a cambio seguridad.
Una posición antipolicial o antimilitarista no debe ser confundida con un rechazo hacia las personas que forman parte de estas instituciones por necesidad o por vocación. El ingreso a la fuerza pública provee un empleo con posibilidades de ascenso a quienes por vocación o necesidad emprenden esta carrera que no está exenta de dificultades y que cada vez es más precarizada. La policía y el ejército son instituciones violentas para hombres y mujeres y especialmente hostiles para las mujeres. La labor de “servir y proteger” pone en riesgo la salud y la vida de las y los policías.
En un contexto de miseria y despojo, agravado por la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, y por la usencia del estado y su desgobierno, las enormes desigualdades sociales y la falta de acceso a oportunidades y a la satisfacción de necesidades básicas aumenta la desviación de las conductas de las normas jurídicas y morales y, por tanto, aumentan las conductas consideradas delictivas. Un régimen de derecho penal máximo, que criminaliza la pobreza y penaliza con cárcel conductas contra la propiedad es el correlato institucional y la arquitectura jurídica de un estado mínimo que no garantiza a la población derechos sociales como el trabajo, la alimentación, la vivienda, la educación y la salud y que debe reprimir a quienes son excluidos del reparto de bienes sociales y expulsados al campo de lo criminal por la comisión de delitos cometidos por supervivencia.
Aunque la sola presencia de las mujeres en las instituciones de la fuerza pública interpela su estructura patriarcal, se ha demostrado la violencia agravada que ellas viven en sus carreras y que es minimizada o comprendida como “gaje del oficio” o, en todo caso, falta leve. Ha sido frecuente el acoso sexual que se convierte en acoso laboral cuando no se cede ante presiones de los compañeros o de los jerárquicos superiores. Las mujeres policías son hostilizadas en sus trabajos, viven temor permanente a las represalias y muchas han sido víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como prueba de valor para mantener su empleo. Asimismo, experimentan desigualdad en el acceso a las jerarquías de mando, tienen bajos sueldos, horarios extenuantes, dificultades para conciliar su vida personal y familiar con su trabajo, cargas adicionales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y experimentan violencia en sus hogares, incomprensión y no corresponsabilidad de sus parejas.[4] Están más presentes en actividades logísticas, administrativas, educativas y de servicios y menos en áreas de estrategia, inteligencia y operaciones especiales.[5]
En República Dominicana[6] y Portugal[7] sendos estudios demostraron que la inclusión de las mujeres en las fuerzas armadas y en la policía obedeció a la necesidad de mejorar la imagen institucional como estrategia de sus cúpulas masculinas, pero no integró plenamente a las mujeres en estas instituciones ni a la perspectiva de género en sus políticas y acciones. Sin embargo, un mayor número de mujeres en la policía y el ejército y sus cúpulas podría, según autoras como Carol Cohn (2012) a largo plazo, transformar su cultura organizacional.[8] Que una mujer tenga un rol de mando en la policía no significa, automáticamente, que sus ejecutorias favorezcan a las mujeres y tengan una perspectiva de género, pues todas han sido socializadas en los valores de la institución y la propia disciplina policial es poco permeable a los cambios. No es menos cierto que el acceso a las cúpulas del poder de las instituciones patriarcales está vedado a todas o a la mayoría de mujeres y que uno de los requisitos para escalar en ellas es el acatamiento y la perpetuación de políticas represivas. Sin embargo, está comprobado ampliamente que la perspectiva de género en las instituciones ha sido históricamente promovida por mujeres.
Lejos de caer en la trampa esencialista de endosar a las mujeres por serlo la responsabilidad de actuar desde una perspectiva feminista, olvidando que es una obligación constitucional que todas las instituciones y agentes estatales orienten sus acciones desde un enfoque de género y derechos humanos, los feminismos liberales y de la igualdad celebran, sin más, la integración de las mujeres en espacios masculinizados y no tradicionales y su ascenso en carreras reservadas hace poco a los hombres como manifestación de la ruptura del techo de cristal. Una perspectiva más crítica nos obliga como feministas a hacernos otras preguntas.
¿Es un logro feminista que haya sido designada una comandanta por primera vez en la historia del Ecuador? ¿Ser mujer garantiza una sensibilidad particular en el ejercicio de un cargo público? ¿No es la policía, en esencia, una institución que violenta derechos humanos de manera cotidiana? ¿Reformar instituciones jerárquicas, verticales y que tienen el monopolio del uso de la fuerza con una fachada más humana eterniza su dominio o las cambia? ¿El Estado va a reparar los crímenes cometidos en octubre?
Acecha la sospecha de que este nombramiento, como ha ocurrido en otros países, sea un lavado de cara del gobierno en su peor momento político. Acaban de informarse al país los resultados del trabajo de la Comisión especial para la verdad y la justicia en alianza con la Defensoría del Pueblo, que dejan en evidencia el papel macabro de la policía y sus agentes en el Paro nacional de octubre de 2019, cuando se cometieron crímenes de lesa humanidad reprimiendo la movilización de pueblos y nacionalidades, hechos por los que deberán ser investigados y sancionados los responsables. Hace poco el país atravesó dos episodios especialmente crueles: el abuso de la figura del estado de excepción para reprimir y torturar a quienes no pudieron quedarse en casa en el inicio de la pandemia y la peor crisis carcelaria de la historia, con saldos mortales, que no pudo ser controlada por la policía. Por este motivo es posible que, políticamente, la designación tenga otros móviles.
Puede ser una manera del gobierno de dulcificar su imagen represiva o también un fenómeno estudiado en la ciencia política feminista: el precipicio de cristal, la tendencia a situar a mujeres en puestos de liderazgo en situaciones de extrema crisis, cuando ya todo está echado a perder y el riesgo de fracaso es mucho mayor. En el primer escenario pudo influir el resultado de la primera vuelta electoral, que interpeló a los candidatos Arauz y Lasso porque las mujeres incidimos decisivamente con nuestras demandas específicas por una vida libre de violencias, por la despenalización del aborto y la garantía de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos y mayor igualdad y justicia de género en la participación política, la economía, el trabajo y la vida cotidiana. Ambos candidatos se han acercado a las organizaciones de mujeres porque han palpado la importancia de incluir la perspectiva de género en sus planes de gobierno. En el segundo escenario, no sería raro que se utilice estratégicamente la presencia femenina, por un lado, para suavizar la imagen de la policía y, por otro, porque los riesgos en el ejercicio del cargo son mayores.
Nos quedan dudas y sinsabores con esta acción del gobierno, a pocas semanas de su salida. No podemos reproducir una retórica de la igualdad y asimilarla a progreso. Silvia Federici, pensadora italiana feminista, ha sido enfática en cuestionar la trampa de ver al ascenso de las mujeres en cargos directivos como logro para todas y la asimilación de las mujeres en instituciones patriarcales y opresoras sin cuestionar sus prácticas. Ha dicho que el feminismo no es una escalera para que las mujeres encuentren una mejor posición en el sistema que controla, reprime y crea desigualdades. No debemos celebrar que haya más mujeres en Wall Street sino señalar las injusticias del capitalismo salvaje:
No a las mujeres en el Ejército, de ninguna manera. Hay que tener en cuenta que los hombres también son explotados. Entonces, si decimos simplemente que queremos la igualdad con los hombres estamos diciendo que queremos tener la misma explotación que los hombres tienen. La igualdad es un término que congela el feminismo: por supuesto que en un sentido general no podemos estar en contra de la igualdad, pero en otro sentido decir solo que luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. Creo que lo podemos hacer mejor que eso, hay que aspirar a transformar el modelo entero, porque los hombres tampoco tienen una situación ideal, los hombres también deben ser liberados, porque son sujetos de un proceso de explotación. Por eso no a las mujeres en el ejército, porque no a la guerra, no a la participación en ninguna organización que nos comprometa a matar a otras mujeres, a otros hombres en otros países con el objetivo de controlar los recursos del mundo. La lucha feminista debería decir en ese sentido que los hombres deberían ser iguales a las mujeres, que no haya hombres en los ejércitos, es decir, no a los ejércitos y no a las guerras.[9]
Se podría decir lo mismo de la policía, sobre todo hoy que existe evidencia documentada de sus acciones represivas y violentas en los hechos de octubre. La entrada de las mujeres en las instituciones patriarcales no desafía, por sí sola, su orden colonial y misógino, sino las expone a mayores violencias. Las mujeres en posiciones de mando en estas instituciones pueden hacer cambios o adaptarse al orden establecido. La crisis de legitimidad de la policía no va a superarse por la acción simbólica de nombrar a una mujer como comandanta, pues esta puede ser un lavado de cara del gobierno que busca congraciarse con las mujeres o el endoso de una gran responsabilidad en el peor momento a una mujer.
Las barreras estructurales, sociales e históricas han afectado el ingreso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en la carrera policial por los estereotipos de género y la división sexual del trabajo. ¿Será esta designación el inicio de una era más democrática y respetuosa de los derechos humanos en la institución policial? ¿Las mujeres policías tendrán mayores espacios de exigibilidad de sus derechos específicos como mujeres? Existen feminismos antimilitaristas que negarían esa posibilidad porque, a su juicio, las mujeres deberían alejarse de las guerras; y existen feminismos liberales que celebran, sin más, los desafíos al techo de cristal, aquella barrera invisible de prejuicios que sigue obstaculizando a las mujeres en sus profesiones y el hecho de que las mujeres puedan lograr los mismos objetivos laborales que los hombres.
Que una comandanta sea designada significa que las mujeres tenemos los méritos suficientes para acceder a posiciones de poder. El desafío del estado, del gobierno y de sus agentes es despatriarcalizar las instituciones, cumplir con el mandato constitucional de respetar los derechos humanos e incluir la perspectiva de género en las decisiones, asumir como política la garantía de la seguridad no como lucha antidelincuencial desde la visión de estado policial, mínimo, autoritario, sino la seguridad integral que proteja los derechos humanos de todas las personas y de la naturaleza y que sepa respetarlos todavía más en contextos de migración forzada, conmoción política, crisis sanitaria, quiebra económica, corrupción política y crimen organizado.
Urge la reforma institucional de las entidades de seguridad y su despatriarcalización. En cuanto a las mujeres policías, además de reconocer sus esfuerzos personales y su ascenso dentro de la institución como signo de nuevos tiempos, no se puede dejar de lado las condiciones laborales de precariedad que sufren, sus dificultades para conciliar, la violencia sexual a la que muchas son sometidas y las prácticas de explotación laboral que minan su salud física y mental dentro de la institución. La policía debe continuar su labor de sensibilización de su personal en materia de género y de derechos humanos y de superación de sus prácticas violentas y sexistas. No es incompatible exigir el cumplimiento integral de la Constitución, el respeto a los derechos humanos, más políticas de protección social y menos represión por parte de la policía, además de verdad, justicia y reparación por lo sufrido en Octubre y, al mismo tiempo, reconocer la agencia, la constancia y las trayectorias notables de las mujeres pioneras que abren caminos para otras mujeres en medios particularmente hostiles, ojalá para transformarlos; pero es necesario hacernos las preguntas incómodas, sospechar, criticar, exigir nuestros derechos y movilizarnos contra todas las formas de opresión, incluidos los abusos policiales. La policía y su dirigencia deben asumir las responsabilidades por sus crímenes.
Ecuador, 25 de marzo, 2021
[1] Aunque presidente puede utilizarse para ambos sexos, el uso de la palabra presidenta está documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico de 1803. “Comandanta” significa “la esposa del comandante” según el diccionario de la RAE. Esta definición machista debe transformarse con un uso generalizado de su versión femenina.
[2] Sybel Martínez et. al, Informe de la Comisión especial para la verdad y la justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, Quito, Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2021.
[3]https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/tannya-varela-primera-mujer-comandar-policia-nacional/
[4] Olivia Tena Guerrero, Renata Aldaz, Karla López, Paula Jiménez y Guadalupe Rosete, “Ese cúmulo de situaciones que te agobian: malestares subjetivos en las mujeres policía”, en Olivia Tena Guerrero y Jahel López Guerrero (coordinadoras), Mujeres en la Policía. Miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
[5] Katherine Pamela Herrera Aguilar, Mujeres comando en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, Quito, Editorial IAEN, 2020.
[6] Lilian Bobea, Mujeres en uniforme: la feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso dominicano, Nueva Sociedad, 2008.
[7] Susana Durão, “Mujeres policía en Portugal: protagonistas de un cambio incompleto” en Olivia Tena Guerrero y Jahel López Guerrero (coordinadoras), op. cit.
[8] Carol Cohn, Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures, Cambridge, Polity Press, 2012, citado por Katherine Pamela Herrera Aguilar, op. cit.
[9] Silvia Federici, entrevista, disponible en: https://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_1_5856057.html
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